La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir, destacó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir su informe anual de labores 2024 como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La ministra presidenta resaltó que este informe anual, es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas, “a través de este ejercicio de transparencia, se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que, reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.

Destacó la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la presentación de la Cuenta Pública 2023, en la cual esta autoridad no determinó alguna observación o recomendación para este alto tribunal.

Sobre el trabajo jurisdiccional en este 2024, el Pleno del CJF discutió y decidió sobre los asuntos de su competencia y atribuciones en 61 sesiones ordinarias, presenciales, celebradas semanalmente, en las que se determinaron y resolvieron 3,087 asuntos en materia de administración, adscripciones, carrera judicial, conflictos laborales, contraloría, creación de nuevos órganos, disciplina, vigilancia, entre otras.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.

Confió que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos “la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país”.

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Aurora Sierra mencionó en tribuna que “Una de las formas más brutales de esta violencia es la violencia ácida, que no solo causa daño físico, sino también emocional y psicológico a las víctimas. La violencia ácida es un acto atroz que más allá de destruir la apariencia física de una mujer tiene como objetivo destruir su vida y la de sus seres queridos. Las marcas no solo son físicas sino también psicológicas, dejan un estigma en la mente de la víctima que sabe que su vida no volverá a ser la misma después del ataque”.

La diputada Aurora Sierra Rodríguez, expresó su orgullo al señalar que: “Hoy, aquí en esta sesión, marcamos la diferencia. Elegimos hacer lo correcto y apoyar a nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres y nuestras abuelas en su lucha por una vida libre de violencia.”

Recordemos que la diputada. Aurora fue la principal impulsora de la ley, en meses pasados realizó una mesa de trabajo, con expertos en derecho y psicología de las universidades más conocidas, con especialistas como cirujanos plásticos, médicos urgenciólogos, oftalmólogos y fue ahí que la propia Malena propuso por primera vez en este recinto que las penas no debían quedar solo como lesiones, sino que por la gravedad debía ser considerada como tentativa de feminicidio.

Acompañada de Male, Erika, Fany, Luz y Andrés entre otras mujeres, Sierra Rodríguez reafirmó su compromiso con las mujeres de seguir dando voz en el congreso a todas.

Durante el desarrollo de la sesión, Sierra Rodríguez también presentó una nueva iniciativa para reformar las fracciones XVIII, XIX y adicionar la fracción XX a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para llevar un registro detallado de las niñas, niños y adolescentes en abandono, en donde se incluya antecedentes médicos familiares, estado educativo, bienestar físico e historial emocional a través de un pasaporte de salud y así cumplir con lo establecido en la Declaración de los Derechos del Niño.

Y finalmente en la sesión ordinaria presentó un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los miembros del Cabildo Municipal de San Pedro Cholula, para que no llamen a la suplente de la Regidora Beatriz Pérez Fragoso y esperen que el Congreso resuelva sobre la permanencia de la Regidora.

Ana Francis Mor, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la CDMX, aseguró que para impulsar esta iniciativa cuentan con el apoyo de las legisladoras de la bancada de la Alianza Juntas Hacemos Historia, entre las que se encuentran: las coordinadoras del PRD, Elizabeth Mateos; de Morena, Martha Avila; y del PT, Circe Camacho.

Diana Luz Vázquez Ruiz, principal impulsora de la Ley Sabina, que pretende poner en regla a los deudores alimenticios para tratar de equilibrar el cuidado de las infancias en los hogares, se refirió a esta iniciativa como un intento de las legisladoras que, “actualmente ya están legislando desde una perspectiva de género, que tanta falta hace en este país donde, tras la pandemia, las estadísticas del 2021 indican que creció el número de divorcios empeorando la situación de muchas familias, ya que, de 10 divorcios, 7 papás no están cumpliendo con la pensión alimenticia”.

Y es que, la falta de pago de las pensiones representa una violación a los derechos de la niñez, y constituye también una forma de violencia contra las mujeres: La violencia económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas. Esto se reproduce en el ámbito familiar como una forma de control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la persona que tiene el dominio económico, con la manipulación para gestionar los gastos o incluso la decisión de privar de recursos.

El Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señala que, en el 2021, el número de expedientes ingresados en materia familiar, en el tema de alimentos, fue de 6,102; lo que, en comparación con los resultados del 2020, en donde había 4,575, representó un aumento del 33%. Por ende, este incremento obliga a revisar el marco jurídico que a la fecha existe, a efecto de mejorar el acceso al derecho que tienen las personas acreedoras alimentarias.

La violencia económica es una manifestación de la violencia de género y una de sus dimensiones es la falta de pago reiterada e injustificada de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de la mujer y/o de sus hij@s. Así, este tipo de violencia tiene cifras alarmantes: 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 años o más, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

En países europeos como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y Finlandia, el Estado adelanta las cuotas alimentarias. En España se les retiene su salario, las devoluciones de impuestos, hay embargo de cuentas bancarias y bienes, detracción de prestaciones de la seguridad social y hasta prisión. Estados Unidos sanciona a los padres con no renovar su licencia de conducir, cierre de cuentas bancarias, impedimento de acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de impuestos, los intercepta para cubrir la deuda. En Latinoamérica, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador les prohíben la salida del país.

La propuesta de las organizaciones feministas mexicanas (Ley Sabina):

La propuesta de la Iniciativa de Deudores Alimentarios puesta a consideración del Congreso de la CDMX por parte de las diputadas de Aquelarre de Donceles, aclara que las pensiones comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de las personas menores de edad señala, además, los gastos para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; así como para garantizar su recreación, calidad de vida y dignidad, retomando lo aplicable del Código Civil Federal.

Asimismo, en esta Iniciativa de Deudores Alimentarios se establece que no podrán ser personas servidoras públicas, de la CDMX, quienes se encuentren en los Registros de Deudores Alimentarios y de Agresores Sexuales a menos que se acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.

Por otro lado, se propone también identificar como delito el abandono de una mujer embarazada. Hay que resaltar que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye conforme aumenta su número de hijos: la mitad de las mujeres de 15 años y más que tienen de uno a dos hij@s (49.6%) participa en el mercado de trabajo, mientras que al tener de 3 a 5 hij@s el porcentaje disminuye a 41.4%, y apenas el 22.7% de quienes tienen 6 o más hij@s, es económicamente activa. En el caso de 2.2 millones de madres solteras ocupadas de 15 años y más, casi la mitad de ellas (44.1%) no recibe prestaciones por su trabajo; incluso en el caso de las subordinadas, es decir, de las que trabajan para una unidad económica en la que dependen de un patrón, el 29.8% no cuenta con prestaciones laborales.

Esta propuesta legislativa busca también que los hombres se hagan responsables en el ámbito del ejercicio de su sexualidad y reproducción, no solo por un aspecto ético, sino también para que se reconozca como una cuestión de corresponsabilidad social, ya que sus actitudes y comportamientos, especialmente en la esfera sexual, tienen con frecuencia un impacto negativo en la salud y el bienestar general de las mujeres, al no tomar en cuenta sus necesidades, y poniéndolas en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, y embarazos no deseados, delegando en ellas los costos físicos y emocionales del cuidado y atención de l@s hij@s que resultan de la relación.

Por otra parte, en el texto de la Iniciativa se plantea reducir de 90 a 30 días el tiempo en el cual la persona deudora debe cumplir su responsabilidad, al considerar que el no cumplimiento de la entrega de los alimentos a tiempo implica que la persona menor de edad no está recibiendo los elementos que necesita para un sano y armónico desarrollo.

Finalmente, se propone la eliminación del Artículo 291 quintus (del Código Civil capitalino) de la parte que señala que sólo dentro del año siguiente al de la cesación del concubinato se podrá solicitar el derecho a una pensión alimenticia, esto debido a que, si el derecho a recibir la pensión existe, este debe ser garantizado.

Exigió que se deben de establecer reformas que protejan la privacidad y la intimidad de las personas, así como, dar transparencia y certidumbre al tratamiento de la información.

La legisladora poblana, refirió que las experiencias actuales nos muestran la necesidad de modernizar el marco normativo vigente, para hacer frente a los retos derivados de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

“Es necesario y urgente proteger los datos personales frente a la sociedad de la información en la que vivimos, en la cual el uso de plataformas tecnológicas permite comunicar los datos de manera masiva, prácticamente ilimitada, y en la mayoría de los casos descontrolada, que reflejan quién eres con nombre y apellido, domicilio, teléfono, historial laboral y académico, datos patrimoniales y financieros, firma, características físicas, así como tus gustos, tu economía, tu salud, tus preferencias, es decir, nos convertimos, en libros abiertos”, detalló.

Reconoció que los avances tecnológicos y la digitalización de datos, propició un mejor manejo de la información, la simplificación en la obtención de trámites, de registros en instituciones bancarias, de salud, el uso intensivo de plataformas de streaming, sin embargo, al proporcionar los datos personales a un sinnúmero de entidades, públicas y privadas, se ha perdido el control sobre quienes tienen la posesión de nuestra información y el uso que sobre el mismo puedan darle.

“Hoy estamos híper conectados y al mismo tiempo sujetos al riesgo constante del manejo o manipulación de nuestros datos personales”, alertó.

Puntualizó que el sólo realizar la búsqueda en internet de un producto, destino de viaje, algo de interés personal, ha llevado a expertos en plataformas informáticas a desarrollar algoritmos capaces de recopilar y asociar la información con relación a nuestras preferencias, gustos, que permite, de manera casi mágica, bombardear a los usuarios con anuncios de ventas, mensajes publicitarios, e incluso para cometer fraudes telefónicos, patrimoniales, extorsiones, entre otros delitos, ya que toda la información recabada en estos sitios de internet es posible extraer.

Es por ello, que solicitó que se debe de asegurar que los datos personales estén al alcance únicamente de quienes deben utilizarlos para fines determinados, es decir, que se cumplan con los pilares fundamentales de la protección de datos personales representados a través de sus principios y deberes”.

Dentro de los puntos, señaló que es menester incorporar el derecho al olvido, permitir a los usuarios solicitar que las bases de datos que contienen su información, y que hoy ya no es necesaria, ni oportuna, sea borrada; propiciar el desarrollo normativo de estándares internacionales de protección efectiva de los derechos humanos derivado del intercambio de información transfronteriza.

También, promover el libre flujo de datos entre naciones, basado en la confianza de que la privacidad y la protección de estos será garantizada. Como referencia, se ha propuesto emitir una especie de certificado corporativo mundial en el tema (tipo ISO). E incorporar y regular el tema de la Inteligencia artificial, el reconocimiento facial, IOT (internet de las cosas) respecto de sus alcances y límites.

“La protección de datos personales es un derecho fundamental protegido desde la constitución, el cual nos otorga la facultad de controlar nuestros datos personales, disponer y decidir sobre ellos y su uso”, concluyó.

El dictamen fue propuesto por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. De tal forma la modificación del artículo 77 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado queda de la siguiente manera:

“La falta de alguna de las personas titulares de las magistraturas representantes será suplida por la persona titular de la Secretaría General del Tribunal con el carácter de persona encargada de despacho, quien contará con las mismas atribuciones que la Ley concede a las personas titulares de las magistraturas del Tribunal de Arbitraje, hasta en tanto se realice la designación correspondiente”.

La sesión de la comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Trabajo, Competitividad y Previsión Social fue encabezada por la diputada Mónica Silva Ruiz y Rafael Micalco Méndez.

También se contó con la asistencia de las y los diputados Daniela Mier Bañuelos, Laura Zapata Martínez, Eliana Angélica Cervantes González, Mariano Hernández Reyes, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Néstor Camarillo Medina, Eduardo Alcántara Montiel, Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Eduardo Castillo López.

Que permita brindar lugares seguros para la población, que coadyuve en la prevención de adicciones y delitos en la sociedad.

PRESENTAN INICIATIVAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TRANSPARENCIA

Por otra parte, la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la Iniciativa del diputado Fernando Morales Martínez, para reformar los artículos 14 y 33 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla; así como los artículos 55 y 69 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

El propósito es fortalecer un sistema estatal de movilidad escolar, garantizar una movilidad eficiente para las y los estudiantes y promover una cultura vial.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad, para su estudio y resolución correspondiente.

En más del orden del día, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una Iniciativa de Decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Con la finalidad de que los sistemas y procedimientos de funcionamiento penitenciario establezcan criterios y protocolos para el seguimiento y desarrollo de mujeres embarazadas, en condiciones de post parto, así como el cuidado y atención de niñas y niños.

Para su análisis y resolución, la Iniciativa de la diputada fue enviada a la Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Por su parte, la diputada Laura Ivonne Zapata Martínez presentó una Iniciativa de Decreto para reformar el artículo 198 del Código Penal del Estado de Puebla.

El propósito es tipificar el delito auditivo contra el medio ambiente y castigar a quien produzca o cause ruidos por cualquier medio que atente contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos, entendiéndose como ruido aquel que sea superior a las indicadas en las normas oficiales mexicanas.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictaminación procedente.

En más del orden del día, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa de la diputada Laura Ivonne Zapata Martínez, para reformar y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

La finalidad de la Iniciativa busca llenar los vacíos legales en la Ley y garantizarle a las y los poblanos tanto el Derecho de Accesos a la Información Pública como el de protección de datos personales, dando certeza sobre las personas deben de integrar a los Comités de Transparencia

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para su análisis y dictaminación procedente.

IMPULSAN INICIATIVAS PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, LA LEY DEL PRIMER EMPLEO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el punto 17, el diputado Fernando Sánchez Sasia presentó una Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La finalidad de esta Iniciativa es establecer como obligación de las y los diputados, ejercer el voto salvo que exista excusa, así como pasar lista solamente, sino estar presentes en las discusiones y el debate de los temas que se traten, para ejercer un voto responsable.

Para su estudio y resolución, la Iniciativa del diputado fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Por otra parte, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, la Iniciativa del diputado Rafael Micalco Méndez, para adicionar un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla.

Para que las personas que acrediten su servicio social o prácticas profesionales tengan derecho de preferencia a un puesto de nueva creación, lo cual se hará constar por escrito, mediante un contrato individual de trabajo.

Asimismo, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una Iniciativa de Decreto para reformar la fracción XII Bis del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

La finalidad de su propuesta legislativa, es establecer atención especial a las niñas y niños que viven con sus madres en reclusión, garantizando de manera plena sus derechos.

La propuesta legislativa fue enviada, para su análisis y resolución, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de la Familia y los Derechos de la Niñez.

PRESENTAN INICIATIVAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

En su momento, la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera presentó una Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla.

El propósito es establecer el derecho a la consulta en estas poblaciones y regular los supuestos en los cuales la autoridad someterá a opinión de las comunidades y pueblos indígenas en materia estatal, el Plan de Desarrollo, las reformas institucionales de los organismos públicos especializados en la atención de asuntos indígenas y las reformas de ley que afecten la organización interna de las comunidades, entre otros.

Para su análisis y resolución correspondiente, la iniciativa de la diputada fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

En más del orden del día, con el fin de incluir como objetivo de la Ley el promover la simplificación administrativa que pueda favorecer la inversión y el desarrollo empresarial, el diputado Néstor Camarillo Medina presentó una Iniciativa de Decreto para adicionar la fracción XX al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla.

La iniciativa del diputado fue enviada a la Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis y dictaminación correspondiente.

Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa del diputado Jorge Estefan Chidiac, para reformar la fracción I del artículo 87, el 88, el primer párrafo del 92, el segundo párrafo del 96, la fracción I del 100 y la fracción I del 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictaminación procedente.

PROMUEVEN INICIATIVAS PARA EXPEDIR LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y EL REGLAMENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA ASE

De acuerdo con la propuesta, la violencia espejo es “todo hecho o acto tendiente a menoscabar la dignidad humana de una o más mujeres en cualquier forma, generado por otra u otras mujeres, basado en la falta de sororidad. Esta modalidad de la violencia contra las mujeres puede verse de cualquier tipo de violencia e incluso puede conllevar alguna de las modalidades existentes en el presente título de esta ley”.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión, la diputada Laura Zapata Martínez dio lectura a la Iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación Superior del Estado para crear la figura de inspectores educativos.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

Mediante un punto distinto en el orden del Día la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una Iniciativa para reformar los artículos 5 y 12 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla para garantizar una vida libre de violencia a este sector de la población.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

En otro punto del orden la diputada Eliana Angélica Cervantes González, presentó una Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para la integración de lenguaje incluyente.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente.

Mientras que la diputada Erika Patricia Valencia Ávila, en otro momento de la sesión, presentó una Iniciativa por la que se adiciona el artículo 92 Bis de la Ley de Educación del Estado de Puebla para que se promueva la igualdad de oportunidades, no discriminación, que se eviten contenidos estereotipados y se prohíban en las escuelas la realización de competencias en las que se evalúen estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de niñas y/o adolescentes.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

También como parte del orden del día, la diputada Daniela Mier Bañuelos presentó una iniciativa por la que se reforman las fracciones XIV a la XIX, y se adiciona la fracción XX al artículo 45 a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla que busca que se les brinde atención mental por parte del gobierno estatal y los municipales.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

En la sesión, el diputado Iván Herrera Villagómez presentó una iniciativa para adicionar la fracción XI al artículo 28, la fracción X al 30 y la fracción X al 33 de la Ley de Educación del Estado de Puebla para que, en la educación primaria, secundaria y bachillerato, se contemple la inteligencia emocional.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

APRUEBA PLENO INICIATIVA Y EXHORTOS EN MATERIA DE IGUALDAD

También durante el desarrollo de la sesión las y los diputados aprobaron por unanimidad los siguientes puntos de acuerdo e iniciativa.

Reformas al artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Trabajo del Estado, para que realice una revisión exhaustiva sobre el cumplimiento de los establecimientos de lactarios en las empresas y lugares de trabajo que permita a las poblanas tener un espacio digno para alimentar a sus bebés.

Punto de Acuerdo para exhortar a dependencias estatales, locales, los ayuntamientos del Puebla y al Poder Judicial para que impulsen y fortalezcan las políticas públicas para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres.

Fue en sesión ordinaria donde la Mesa Directiva puso a consideración de las y los diputados la terna que propuso la Junta de Gobierno y Coordinación Política, conformada por Amanda Gómez Nava, Salvador Sánchez Ruanova y Álvaro Jiménez Sánchez.

Una vez aprobada la terna, por orden alfabético y en votación secreta se puso a consideración del Pleno el perfil de Amanda Gómez, quien obtuvo la mayoría calificada, como lo establece la Constitución Política del Estado de Puebla.

Una vez electa, la nueva titular del organismo de fiscalización en el estado rindió protesta en el cargo, a partir de este día y por un periodo de siete años.

En otro punto del orden del día, la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio lectura a la Memoria que presentó la Comisión Permanente del uso que hizo de sus atribuciones durante su último ejercicio, que inició el pasado 16 de marzo y concluyó el 14 de mayo.

Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el acuerdo que presentó la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, a propuesta del diputado Fernando Sánchez Sasia, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que verifique que las y los servidores públicos cumplan con el Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

La legisladora por el Estado de Puebla refirió que, en el contexto de lucha cotidiana contra la violencia de género, se tuvo conocimiento de un caso más de violencia contra una mujer, ahora fuera de territorio mexicano, en Qatar, quien mientras se encontraba trabajando fue agredida sexualmente por un ciudadano colombiano en su departamento.

Sin embargo, acusó, que en razón del sistema de justicia Qatarí y, aparentemente, por una incorrecta asesoría por parte del consulado mexicano, de víctima, de denunciante, pasó a ser acusada de la comisión de un delito, con una posible sanción de 7 años de prisión y 100 azotes.

Señaló que Paola Schietekat es una economista mexicana de 27 años, con formación académica en Relaciones Internacionales, Ciencias de la Conducta, Antropología y Políticas Públicas en las universidades de Kuwait y Oxford. A inicios de 2021, recibió una oferta para laborar como economista conductual en el Comité Organizador del Mundial en Qatar.

Respecto al caso, la congresista tricolor recordó que con el apoyo de la organización denominada Supreme Committee y a Humans Right Watch, la internacionalista pudo salir del país y regresar a México el 26 de junio de 2021, empero, “ella mantiene un proceso en su contra por tener una supuesta relación fuera del matrimonio, por lo que se le impide volver a Qatar”.

Es por ello, que, ante esta situación tan lamentable, la ex embajadora de México en Colombia, demandó a la SRE a que revise las medidas y protocolos de protección con perspectiva de género, para garantizar los derechos de las mujeres mexicanas en el exterior, prevenir que puedan ser sujetos de cualquier forma de violencia y, en su caso, garantizar su acceso a la justicia.

Asimismo, promover los mecanismos de colaboración, a través de la embajada de Qatar en México, a efecto de lograr la protección de los derechos humanos e impartición de justicia en el caso de la ciudadana Mexicana Paola Schietekat Sedas.

“En tanto sus sueños de crecimiento profesional se han visto pausados, resulta necesario brindar el apoyo legal y consular necesario para que sea declarada inocente ante las autoridades de aquel país y pueda, incluso, retomar sus actividades laborales”, exigió.

El caso de Paola, dijo, nos pone en perspectiva de vertientes que debemos atender a efecto de avanzar para lograr una vida libre de cualquier tipo de violencia, en territorio mexicano y en el extranjero.

“Se estima viable brindar la asesoría y apoyo necesario a Paola a efecto de considerar la denuncia a su agresor ante las autoridades y conforme al marco jurídico nacional y tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México”, concluyó.

Lo anterior con fundamento, en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como en los artículos 221 y 222 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal fue encabezada por el diputado Jorge Estefan Chidiac.

Durante la participación del encargado de despacho de la Secretaría de Administración, el funcionario dio cuenta de diversas acciones correspondientes a su dependencia en materia como transparencia, digitalización de trámites y acciones en materia de COVID-19.

Como parte de la ronda de preguntas y respuestas, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Pacto Social de Integración, el diputado Carlos Navarro Corro, cuestionó al funcionario estatal sobre la cantidad de solicitudes de información atendidas por la Secretaría de Administración, así como los temas más recurrentes y si hubo aumento en la demanda de esta herramienta de transparencia.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la diputada Nora Merino Escamilla, cuestionó al funcionario estatal sobre la inversión realizada para atender a las familias damnificadas por la explosión en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, así como los municipios atendidos en materia de obra pública y los proyectos primordiales durante el 2021.

En representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan Enrique Rivera Reyes cuestionó al encargado de despacho sobre los procesos de licitación y si es que van dirigidas a algunas empresas en específico y sobre el proceso para la adquisición de los uniformes de la Policía Auxiliar.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Aurora Sierra Rodríguez, cuestionó sobre la continuidad en la profesionalización de los servidores públicos, así como el estado actual que guarda la revisión salarial de los burócratas en el estado.

Finalmente, en representación de la Fracción Parlamentaria de Morena, el diputado Fernando Sánchez Sasia cuestionó sobre el estatus en el que se encuentran los bienes muebles e inmuebles del estado de Puebla, así como el avance en el pago de la deuda heredada por el Centro Integral de Servicios (CIS) y las expectativas del trabajo conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el diseño público.

En la sesión para el desarrollo de la comparecencia de la Secretaría de Administración también se contó con la asistencia de las diputadas Azucena Rosas Tapia, Karla Victoria Martínez Gallegos y los legisladores Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Rafael Micalco Méndez y Eduardo Alcántara Montiel.