Puebla, Pue.- El penoso caso que se suscitó el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero en el que por orden del presidente municipal y su esposa a través de la policía municipal e integrantes de del narcotráfico desaparecieron y ejecutaron a estudiantes de la normal Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, también estado de Guerrero sigue en la incertidumbre y la impunidad después de un año transcurrido en el que se ha evidenciado la ineptitud del Estado Mexicano y sus dependencias, principalmente la Procuraduría General de la Republica durante la administración de Murillo Karam y su verdad histórica que hace unas semanas fue contradicha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al terminar sus investigaciones y entregar su informe a las instituciones del Estado Mexicano, significando un daño importante a las mismas y al Estado mexicano debido a la violación de Derechos Humanos y la vulneración del Estado de Derecho ante la incapacidad de asegurar la protección de sus ciudadanos.
A un año se conmemoro de diferentes formas y en distintos lugares de México y otros países por medio de marchas y mítines masivos como el de Ciudad de México en la Plaza de la Constitución enfrente de Palacio Nacional que aglomero a decenas de miles de personas y donde los padres de los desaparecidos exigieron justicia y presentación con vida de los mismos. Así mismo fue el caso en la capital del estado de Puebla donde marcharon estudiantes de Benemérita Universidad autónoma de Puebla (BUAP), alrededor de las tres de la tarde saliendo de Ciudad universitaria hacia el Parque Juárez donde se reunieron con más participantes de diferentes organizaciones tales como la Liga Estudiantil Democrática (LED), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), hacia el zócalo de la ciudad de Puebla para realizar un mitin político cultural con una participación de más de quinientas personas.
A un año se demanda justicia y se exige el esclarecimiento de los hechos que se suman a la penosa lista de violaciones de Derechos humanos en nuestra nación, lo que ha provocado el escrutinio de la comunidad internacional y tal vez de no ser resuelto pronto ser juzgado por la Corte interamericana de Derechos Humanos.