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La Policía de Investigaciones chilena allanó el 28 de agosto pasado los estudios de la radio comunitaria. El representante Víctor Díaz fue detenido y luego liberado.
Los equipos de la estación Vecina 96.5 FM fueron decomisados por la acusación del delito de «radiodifusión ilegal».
Díaz explicó a la Policía de Investigaciones durante el operativo que varias veces había intentado obtener un permiso de transmisión.
Sin embargo, aclaró que en ningun momento los efectivos mostraron una orden de decomiso.
Según señala la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, los radialistas chilenos todavía están sujetos a ser sancionados penalmente.
Allí se sanciona con penas de cárcel a quienes ejercen la radiodifusión sin la debida concesión otorgada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena.
Sin embargo, muchas comunidades se encuentran en espera de autorizaciones para poder ejercer el derecho a la libre expresión.
Vale recordar que el capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Chile) lanzó recientemente la Campaña «NO al 36B».
La iniciativa busca derogar dicho inciso de la Ley General de Telecomunicaciones chilena por criminalizar a la radiodifusión sin licencia.
La eliminación de la pena corporal es un avance recomendado al Estado chileno por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos.(PÚLSAR/RADIOTIERRA)
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