Determinan Diputados Sancionar a Ediles Corruptos

Política Al Margen

Va GDF por Responsables de Fallas en Línea 12 del Metro

Oceanografía, Tampoco Pagaba Cuotas a Infonavit

Argonmexico / Línea dorada, ¿porque llenó de oro a constructores?… Luego de haberla estrenado con bombo y platillo Marcelo Ebrard aquel 31 de octubre de 2012 (a sólo 35 días de que lo relevara en el GDF Miguel Ángel Mancera), por la pésima calidad con que fue construida, la Línea 12 del Metro ha puesto en grave peligro a los cientos de miles de personas que la usan a diario.

Así es, a un año cuatro meses de aquella desesperada inauguración de la más reciente línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el gobierno capitalino se ve obligado a suspender el servicio en 11 de sus 20 estaciones, por cuando menos seis meses, a partir de este 12 de marzo, para que sus instalaciones reciban “mantenimiento mayor” por una “falla sistemática”.

Ante la cadena de problemas que se fueron agudizando en forma paulatina en la también llamada Línea Dorada, Mancera Espinosa decidió poner los puntos sobre las íes y ordenó se investigaran a fondo el origen de las fallas, y que se encuentren a los responsables de tan graves ineficiencias, sean funcionarios públicos o empresarios constructores, para que respondan por sus errores.

Sendos peritajes permitieron detectar una serie de insuficiencias que pudieron haber causado una tragedia, en el tramo elevado que va de la Terminal Tláhuac a la Estación Culhuacán, por lo que las autoridades decidieron suspender temporalmente las corridas en las estaciones: Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán y Culhuacán.

La “falla sistématica” detectada en la Línea 12 es “generada por un desgaste ondulotario” en la vía, por lo que con la suspensión del servicio se busca “garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de operación para beneficio de los usuarios”.

El gobierno de la Ciudad de México activó de inmediato medidas legales para establecer si las empresas involucradas con la construcción de la Línea: ICA SAB de CV, Alstom Transport SA, Alstom Mexicana SA de CV y Carso Infraestructura y Construcción SA de CV, cuyos directivos firmaron contrato con el GDF el 17 de junio de 2008, incurrieron en incumplimientos contractuales, que afectaron el servicio.

Ahora, la investigación en torno al origen de la “falla sistémica” en la pomposamente llamada Línea Dorada está en los escritorios de tres funcionarios cercanos a la burbuja del poder del GDF: Joel Ortega Cuevas, Director General del Metro; Hiram Almeida, Contralor General; y Ramón Amieva, Consejero Jurídico.

Seguramente habrá sanciones. ¡Qué bueno que taparon primero el pozo!, pero definitivamente, si alguien tiene enorme responsabilidad es Marcelo Ebrard. No sólo debe hacer a un lado sus aspiraciones políticas, sino que debe dar la cara y pronto, para responder por esta alarmante situación.

Bien por la decisión del Dr. Mancera de ordenar la inmediata suspensión del servicio en el trayecto afectado. Con ello evitó una tragedia de lamentables dimensiones, pues por la pésima calidad de los materiales con que se realizó la obra, se puso en grave peligro la vida de miles de ciudadanos que pagaban por el servicio. Ahora, veremos de qué lado masca la iguana… marcelista.

Sancionar a corruptos de ayuntamientos… Este martes y a más de cuatro años de haber recibido una minuta del Senado, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen para establecer que “los integrantes de los ayuntamientos” serán responsables por violaciones constitucionales y a las leyes federales; como por el manejo y “aplicación indebidos” de fondos y recursos federales.

Aprobado por unanimidad con 437 votos a favor, el dictamen incluye a diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, miembros de los Consejos de las Judicaturas estatales; así como miembros de organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorguen autonomía.

Debido a que la modificación efectuada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, la minuta que se regresa al Senado de la República, surge de una iniciativa que el exsenador panista Ulises Ramírez Núñez presentó el 28 de noviembre de 2006, y que el Pleno senatorial avaló el 24 de noviembre de 2009, para turnarla desde entonces a la Cámara de Diputados.

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que “las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebido de recursos federales, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, de acuerdo con sus propias legislaciones. Es que no había regulación…

¿Cuántas otras no pagan cuotas?… Aunque lo sabía desde hace cinco meses, hasta este martes el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Alejandro Murat se puso las pilas y acudió a denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la empresa Oceanografía por no cumplir con sus obligaciones patronales.

Y argumentó que “por los hechos probablemente constitutivos de delito por la empresa Oceanografía, derivado de las omisiones a las obligaciones patronales que consisten en el pago de aportaciones a la Subcuenta de Vivienda y amortizaciones a los créditos hipotecarios de sus trabajadores”.

En febrero de 2013 se inició una auditoría a una de las empresas relacionadas con Oceanografía, por contar con indicios de que la misma realizaba subcontrataciones irregulares que permiten la evasión en el pago de las obligaciones que se deben cubrir al Infonavit para el otorgamiento de créditos de vivienda a sus trabajadores.

Y con dicha auditoría, en octubre de 2013 se determinó un crédito fiscal en contra de dicha empresa por 73.9 millones de pesos. Además, el Instituto ejerció 17 actos de autoridad en contra de otras cinco empresas relacionadas con Oceanografía, con el objeto de detectar cualquier acción ilegal que tienda a la evasión o elusión de las obligaciones que mandata la Ley del Infonavit.

De su lado, la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por parte de Banamex, en el caso de Oceanografía.

El Pleno aprobó el que la indagatoria sea sobre posibles violaciones a la normatividad de la CNBV por parte de la institución bancaria, en menoscabo del interés público. Ello, derivado de la documentación apócrifa dada en garantía a Banamex, por parte de la empresa Oceanografía. No atendieron el aviso cantado: que no quede huella que no que no, que no quede huella…

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