En nuestro país, ni quieren ni pueden hacer valer los derechos humanos porque falta voluntad y capacidad, aseguró el Dr. Alejandro Anaya Muñoz

Noticia escrita el: 20 mayo, 2022 | Por: Administrador

Las medidas de institucionalización de los derechos humanos en México han sido una respuesta táctica ante presiones de organismos nacionales e internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas que exigen acceso a la justicia y un cese a la violación sistemática de sus garantías. Sin embargo, el Estado no muestra voluntad de cambiar su comportamiento, expuso el vicerrector académico de la IBERO, Dr. Alejandro Anaya Muñoz, en su videocolumna publicado en el canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad.

En este país ni quieren ni pueden hacer valer los derechos humanos porque falta voluntad y capacidad. Los esfuerzos se han centrado en la institucionalización de las normas en el marco jurídico y se han creado estructuras para procurar el respeto a las garantías fundamentales de la humanidad. Es un gran avance, pero “el Estado no muestra una voluntad clara, inequívoca, firme y sólida porque implica cambiar radicalmente el comportamiento”, recalcó.

Las capacidades y la voluntad son variables fundamentales para hacer valer los derechos humanos. Éstas, al interactuar, podrían generar procesos y dinámicas virtuosas que posibilitarían el cumplimiento de las normas, arguyó el Vicerrector de la IBERO. En este contexto, la investigación está llamada a enfatizar cuáles propuestas pueden funcionar y cuáles no, con evidencia y metodología rigurosa, recalcó el especialista en política comparada y relaciones internacionales.

Con estas videocolumnas, el Dr. Alejandro Anaya Muñoz busca potenciar reflexiones sobre la importancia de la investigación entre la comunidad universitaria. En la siguiente entrega, el Vicerrector reflexionará sobre la importancia de fortalecer el puente entre academia y activismo, para abrir el camino hacia un verdadero cumplimiento de los derechos humanos en el país.

Nota escrita: Brenda Macías/ICM