Política Al Margen
Por Jaime Arizmendi
*Su Estela de Desempleo, Quiebra de Empresas y Pérdidas Millonarias
Argonmexico / En el fondo, las 200 millas de mar territorial… Tras 23 años del embargo atunero impuesto por Estados Unidos a México, cuyos graves efectos han lacerado duramente a la industria que con las 10 empresas procesadoras y empacadoras de atún más importantes el país, genera más de seis mil empleos directos y arriba de 20 mil indirectos; que no han crecido más por tener cerrado parte del mercado internacional.
El conflicto tiene una causa natural que genera una ventaja para México. El atún aleta amarilla (Thunnus albacares), especie muy comercial, se localiza en el Océano Pacífico oriental, entre las aguas al sur de California y las de Chile. Por ello, este pez abunda en aguas territoriales nacionales, y no en las de EU.
Tan sólo en 2010, en aguas del Pacífico mexicano se capturó el 95 por ciento del atún del país. Esto explica por qué los pescadores de EU realizaron captura del túnido en territorio mexicano desde 1903. Pero en 1976 el gobierno mexicano declaró su zona económica exclusiva en 200 millas marinas y recurrió a la Armada mexicana para salvaguardar dichas aguas.
Así, en julio de 1980 la Armada detuvo seis embarcaciones procedentes de EU que operaban en aguas nacionales. La respuesta estadounidense fue inmediata, el día 14 de ese mes, dictó un embargo a las importaciones de atún provenientes de México, y generó una crisis en la industria atunera mexicana que se superó gracias a las exportaciones a España.
Ahora, es el senador panista Francisco Salvador López Brito quien llama al gobierno federal, al Congreso de la Unión y a los productores de atún a conformar un frente común que termine con las barreras discriminatorias establecidas por el gobierno de EU a ese producto, “con la mentira de salvar la vida de delfines”, pese a que organismos internacionales han certificado lo contrario.
El legislador sinaloense, quien preside la Comisión de Pesca del Senado, previno que la industria del atún mexicano enfrenta, no un embargo comercial, sino verdaderas barreras discriminatorias que el gobierno norteamericano impuso para evitar la comercialización del producto mexicano en su mercado y en países de Europa.
Ello, no obstante que organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han confirmado que la captura del atún por parte de productores pesqueros mexicanos, es segura para salvar la vida de los delfines, por lo que “es un tema que se debe ver como un asunto de Estado, para lograr una solución definitiva”.
Repuso que durante muchos años el atún mexicano se consumía en el mercado estadounidense, considerado uno de los más importantes; pero desde hace más de dos décadas, con el pretexto de los embargos, boicots, condicionantes y limitantes discriminatorias, se impusieron trabas para su comercialización en EU.
A partir de entonces, se empezó a exigir certificaciones e imponer trabas a la comercialización del producto mexicano, con el respaldo de organizaciones “ambientalistas” norteamericanas como Earth Island Institute, y las compañías estadounidenses enlatadoras: Starkist, Bumble Bee y Van de Kamp’s Seafood.
Se impuso la colocación de la etiqueta “Dolphing Save” (delfín seguro), a los envases de atún y a sus derivados capturados supuestamente con buenas prácticas, en forma sustentable y segura para la vida del delfín. Pero en octubre de 1990, el gobierno de EU estableció un nuevo embargo a las exportaciones mexicanas de atún.
Para 1992, el Congreso norteamericano promulgó la Dolphin Protection Consumer Information Act, que prohibió toda comercialización de atún que no pudiera asumir los estándares “dolphin safe”, y vetó las exportaciones de atún provenientes de España, Francia y Japón, al considerar que servían para triangular hacia su mercado la producción mexicana.
Dicho veto a países secundarios generó una nueva crisis en la industria atunera mexicana, pese al aumento del consumo interno y a la diversificación de mercados internacionales. Se estima que esta medida originó la cancelación de 40 mil fuentes de empleo, la quiebra del 40% de la flota comercial, la reducción de la captura de atún y pérdidas anuales por 150 millones de dólares.
Y aunque actualmente ninguna embarcación mexicana que captura atún aleta amarilla mata un solo delfín, como han certificado observadores de organismos internacionales y México cumple con las disposiciones internacionales relacionadas con la protección del delfín; el atún mexicano no puede obtener la etiqueta “dolphin safe”, porque los requisitos estadounidenses lo descalifican en automático.
Es una injusta desventaja comercial frente a los productos que sí pueden llevar dicha etiqueta. Por considerar a estas medidas discriminatorias e innecesarias, en octubre de 2008 México inició una controversia ante la OMC, a la cual se sumaron de inmediato Australia y la Unión Europea.
Luego de diversos procedimientos, el 16 de mayo del 2012 la OMC dictó el fallo definitivo a favor de
México, pues se demostró que el sistema de etiquetado dolphin safe tiene efectos restrictivos sobre las exportaciones de productos de atún mexicano al mercado estadounidense, pese a que el método utilizado por la flota mexicana es sustentable, ya que además de no causar mortalidad de delfines, es selectivo y sólo permite la captura de atún adulto.
Dicha resolución obliga a Estados Unidos a acatarla en un plazo de 18 meses, y tendrá que modificar o eliminar la etiqueta “dolphin safe”, o hacer una excepción para los pescadores mexicanos. Sin embargo, este conflicto generó grandes avances en la industria atunera mexicana, pues transformó sus métodos de pesca para volverlos más sustentables.
También cambió su comercialización, diversificó sus mercados y fortaleció el consumo interno. Ahora, México es uno de los 10 países de mayor consumo de atún por habitante, con 1.2 kilogramos per cápita anual. Avances dignos de aplaudirse.
Con todo, el senador López Brito expuso esta semana que el embargo atunero es un problema evidentemente comercial que impide el crecimiento de la industria atunera mexicana y, al mismo tiempo, bloquea el desarrollo económico de México.
Por ello adelantó que le van a dar continuidad al asunto a partir de buscar acercamientos con sus pares senadores de EU y con el embajador estadounidense Antonhy Wayne, para externarles su preocupación por lo que sigue sucediendo con las barreras discriminatorias contra el atún mexicano.
Así las cosas, es claro, se debe seguir una estrategia articulada entre gobierno federal, productores y Congreso de la Unión contra el embargo de atún mexicano que mantiene el gobierno de EU para su comercialización tanto en su mercado, como en terceros países. El tema debe ser visto como un asunto de Estado para hallarle una solución definitiva. Cierto, señor senador…
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