No a Prescripción de Delitos de Pederastia; PRD

Política Al Margen

*Paren a Grupo México, Ecocida en Sonora; Yaquis, Senadores…

Argonmexico / Padrés, le llueve en su milpita… La Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, pide al gobierno de Sonora e instancias federales suspendan las actividades de la mina de Cananea, hasta evaluar los daños generados por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora. Aparte, se reclama parar la obra y operación del Acueducto Independencia.

Mientras se evalúan los daños generados por el derrame del 7 de agosto pasado, de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora; el punto de acuerdo que presentó el diputado priísta Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, aprobado por unanimidad, exhorta al gobierno sonorense, a las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), suspendan las actividades de la mina.

Justifican el exhorto al aducir que la negligencia en el manejo de los tanques de almacenamiento de residuos químicos por parte de Grupo México, operador de la mina, ocasionó un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al caudal en el Río Sonora, proveniente de los desechos del centro minero.

“Esta situación no fue informada de forma inmediata por la compañía a las autoridades ni a la población, lo cual impidió se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel en que hoy se encuentra”.

Además del daño ecológico, el derrame, el cual puede considerarse ecocidio, afecta las actividades ganaderas y agrícolas de la zona provocando, incluso, que las clases en 88 escuelas de los siete municipios involucrados se suspendieran temporalmente.

Por ello, solicita también a la Secretaría de Economía ordene cancelar la concesión otorgada a Grupo México, con relación a la mina Cananea, “a consecuencia del daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame”.

Asimismo, se exhorta a que Conagua formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigue, y se apliquen las penas respectivas a los daños ecológicos causados por el derrame de sustancias químicas.

Igualmente, pide a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, decida crear una comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de contaminantes en el Río Sonora.

A favor de la propuesta intervinieron en tribuna los diputados: Alfonso Durazo Montaño, MC; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Nueva Alianza; y los perredistas Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán Méndez. También subieron los senadores, Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT), Héctor Larios Córdova (PAN) y Dolores Padierna Luna (PRD).

Por otro lado, de cara al daño irreparable que padecen el territorio y los recursos naturales de la Tribu Yaqui, por la construcción del Acueducto Independencia, y el hostigamiento ejercido contra los indígenas que ahí habitan; senadores perredistas y del Partido del Trabajo salen en defensa de ese pueblo milenario.

En un Punto de Acuerdo suscrito por Alejandro Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna, senadores del PRD; como por Ana Gabriela Guevara y Layda Sansores, del PT, claman sancionar el hostigamiento sobre los pobladores yaquis, y se pare la construcción del acueducto; al exigir también cumplan las cinco suspensiones cautelares ordenadas por el Poder Judicial de la Federación.

La historia del pueblo Yaqui, es por la defensa de su territorio y su identidad a lo largo de siglos, contra los que ellos llaman Yori (quienes no respetan la ley tradicional). Un Decreto emitido en 1940 por el General Lázaro Cárdenas, acreditó la titularidad del territorio a la Tribu Yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua del caudal del río; que da vigencia a un pacto de paz entre los Yaquis y el Estado mexicano.

Se acusa al panista Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, de no haber consultado al Pueblo Yaqui, y decidir de manera unilateral construir el Acueducto Independencia, licitado, construido y ahora en operación, sin que respetara cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que obligaban al Estado mexicano a interrumpir la obra. La paz social está en juego…

Delitos así, no deben prescribir… A fin de evitar la impunidad de pederastas, garantizar justicia a las víctimas e impedir la reiteración de ese delito, la diputada perredista Verónica Juárez Piña propuso reformar el Código Penal Federal, para evitar la prescripción de la acción penal, y castigar a los responsables y a sus encubridores; incluso si son servidores públicos.

Mediante iniciativa presentada a la Comisión Permanente, la legisladora previno se trata de anteponer el interés superior de la niñez, al de la norma y, en consecuencia, superponer la justicia a la impunidad.

Y es que la Constitución Política de nuestro país obliga al Estado Mexicano a anteponer el interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, para garantizar su desarrollo integral; pero la comisión de delitos en su contra, como el de la pederastia, daña severamente la consecución de ese objetivo.

También repuso que México se ha convertido en el destino principal de quienes fueron procesados por delitos sexuales contra menores de edad en Estados Unidos durante 2013, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.

Juárez Piña coincidió que si bien el delito de pederastia no es un fenómeno novedoso o de recientes repercusiones, sí es un crimen que ha crecido desproporcionadamente en los últimos años, sobre todo a manos de sacerdotes de San Luís Potosí, Puebla, Distrito Federal y Oaxaca, quienes han sido acusados de abuso sexual de decenas de menores de edad.

“Al abuso sexual infantil se añade la del delito de encubrimiento institucional por parte de las autoridades de la iglesia católica, o de cualquier otro culto, y de los ministerios públicos, ya que en lugar de haber informado a las autoridades correspondientes, se les ha encubierto, protegido, amparado, incluso, hasta los han defendido a ultranza, sin importar el dolor y daño que ocasionan a las víctimas”.

La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara baja, con base en esos antecedentes, consideró plenamente justificada y legítima la preocupación y exigencia de distintos actores sociales por el incremento de este delito, para demandar a los legisladores revisen el marco normativo, y ajustarlo a los compromisos asumidos por México a nivel internacional. Pero cuántos pederastas hay en la cárcel?…

jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com

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