Con Ejecución de Tamayo en Texas, Violan Acuerdos Internacionales
Política Al Margen
Podría Antorcha Crear su Propio Partido Político
Argonmexico / Otra vez, el Tío Sam Viola Derechos… La noche de este miércoles, tras 20 años de reclusión, el mexicano Édgar Tamayo fue ejecutado con una inyección letal que le aplicaron en la prisión de Huntsville. Texas cumplió la sentencia de muerte que le impuso, bajo el argumento de que en 1994 asesinó a un policía. Nada les valió a las autoridades texanas.
Ningún recurso legal, ni las presiones internacionales, como tampoco la petición del propio Gobierno de Barak Obama, impidieron que Tamayo Arias, de 47 años de edad y nacido en Miacatlán, Morelos, fuese conducido a la muerte; pese a que en su detención careció del debido apoyo consular, y cuyos familiares no pudieron siquiera demostrar que padecía un retraso intelectual.
Tamayo, trasladado a la Cámara de la Muerte en la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, se convirtió en el convicto número 509 de los prisioneros ejecutados, desde que Texas comenzó a aplicar la pena capital en 1976.
Los abogados de Édgar Tamayo siempre adujeron que las garantías individuales de su defendido fueron violentadas por las autoridades texanas en el momento en que lo detuvieron; ya que nunca fue informado que tenía derecho a contactar al Consulado mexicano para recibir la debida asistencia legal.
Esto también a pesar de que su caso consiguió el repudio de organismos defensores de derechos humanos en muchos países y de las propias autoridades mexicanas, quienes lo habían expuesto ante un sinfín de organismos internacionales, a la luz de la Convención de Viena a la que está suscrito Estados Unidos.
La Administración Obama solicitó en varias ocasiones al gobierno de Texas aplazara la ejecución de Tamayo, con el argumento de que podría “minar” sus esfuerzos por ayudar a ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero. El secretario de Estado John Kerry y el canciller mexicano José Antonio Meade, coincidieron que el ejecutar al mexicano impactaría seriamente la relación México-EU, y arriesgaría a estadounidenses que busquen asistencia consular en el futuro.
Otro argumento expuesto por los abogados de Tamayo subrayaba que en 2004, la Corte Internacional de Justicia de la ONU emitió el “Fallo Avena”, con el cual el órgano judicial ordenó a EU revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a la pena capital, entre ellos Tamayo Arias.
La abogada que encabezaba la defensa de Édgar, Sandra Babcock, enfatizó que si Tamayo hubiera recibido protección del Consulado, hubiese tenido la representación de un abogado y sus familiares habrían podido explicar la gravedad de las enfermedades mentales y el retraso intelectual que padecía.
Pero una Corte Federal de Texas rechazó aplazar la ejecución, mientras la Junta de Perdones estatal negó la solicitud de clemencia interpuesta por los abogados de Tamayo para que la pena capital le fuese conmutada por cadena perpetua.
Agotados esos procedimientos, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, se opuso este miércoles también a exhortar al gobernador de Texas, Rick Perry, y al procurador Greg Abbott, para que Tamayo Arias recibiera una revisión adecuada de su caso. Actualmente, otros 12 mexicanos enfrentan la pena de muerte en Texas.
La ejecución de Édgar Tamayo Arias viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena, enjuicia la Secretaría de Relaciones Exteriores y advierte que otros 50 connacionales carecieron también del derecho a la notificación y asistencia consular. Autoridades texanas violentaron ese derecho al detenerlos. ¿Y si en respuesta dejáramos de consumir productos y servicios de Texas?…
Hay Antorcha para rato… Con casi dos millones de agremiados y 40 años de experiencia en todo el país, el Movimiento Antorchista hasta ahora adherido al PRI, podría constituir de un día para otro su propio partido, con elocuente éxito político; sin embargo, su principal objetivo consiste en proseguir su combate a la pobreza, aclara su vocero nacional, Homero Aguirre.
Con su marcada presencia en el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y en el Distrito Federal, el antorchismo tiene influencia en millones de mexicanos que no son sus militantes, pero son gobernados por ellos o comparten su visión de país.
Por todo, este miércoles anunciaron que con más de 500 mil personas, que reunirán en 37 eventos ya programados para este 2014, llenarán más de 10 estadios deportivos del país en festejo de los 40 años de su fundación, en 1974, en el estado de Puebla, con su líder social, Aquiles Córdova Morán.
El Movimiento Antorchista, más conocido como Antorcha Campesina, en la última década ha cobrado fuerza política y se ha convertido en claro ejemplo de cómo ejercer el poder. Ahí está el totalmente transformado Chimalhuacán, y ahora Ixtapaluca, donde en menos de un año han invertido más de lo que se invirtió en tres trienios anteriores. Su fortaleza radica en la clase popular: colonos, obreros, profesores, estudiantes y miles de campesinos.
Por su capacidad de penetración entre el pueblo, acusa sufrir un reciente golpeteo en la zona mexiquense, al reclamar compromisos que el gobernador hizo y no cumplió. Padece además el secuestro de Manuel Serrano (padre de Maricela Serrano, una de las antorchistas más reconocidas en la lucha social), “sin que las autoridades judiciales y federales hagan algo efectivo para encontrarlo”.
A pesar de ello, la presencia y unidad de este grupo no ha sido alterada, como se vio en eventos multitudinarios que acaban de realizar en Chimalhuacán e Ixtapaluca, donde su líder se dirigió a más de 100 mil personas. Pareciera que en vez de minarlos, se han fortalecido, lo cual debe obligar a la clase política a modificar su táctica ante esta organización acostumbrada a remar contra corriente.
Resulta imposible no entender que Antorcha Campesina se ha convertido en un movimiento vigoroso, con fuertes raíces en la población y banderas que tienen muchos seguidores. Grupo social al que no se le puede ignorar ni perseguir como sucede en el Estado de México.
Con todo, lo mejor que puede hacer la clase política, desde las alcaldías hasta el Ejecutivo federal es atender su llamado a convertir a México en un país más justo y equitativo en el reparto de la riqueza social. ¿O prefieren lidiar con un país incendiado y con grupos armados, como ocurría en Michoacán?…
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