Acusan a Moreno Valle de Represor y Asesino en San Lázaro

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Logra Caravana Poblana Respaldo de Diputados y Senadores

Argonmexico / Adios, Candidatura Presidencial… Luego de recibir a representantes de una caravana de poblanos que exigen la renuncia del gobernador de Puebla, del procurador y del secretario de Seguridad Pública del estado, por aplicar la “Ley Bala” y provocar la muerte de un menor; diputados priístas reclaman a Rafael Moreno Valle respete las manifestaciones en la entidad, y remueva del cargo al titular de la SSP, y que el secretario de Gobierno comparezca ante el Congreso local.

A su vez, la dirigencia nacional del PRI abrió la puerta a fincar responsabilidades políticas, administrativas y “hasta penales” contra el mandatario estatal conforme a una declaración de César Camacho Quiroz vertida el viernes pasado; quien acusó al poblano de buscar “tergiversar los hechos” que provocaron la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

El diputado priísta Enrique Doger Guerrero previno que su bancada clama a Moreno Valle ordene “una indagatoria amplia para deslindar responsabilidades sobre lo sucedido en tierras de esa entidad”. Ese 9 de julio, cuando “se registró un capitulo ominoso, donde la policía estatal arremetió contra manifestantes con balas de goma y proyectiles de gas”.

Condenó la represión contra “quienes se manifestaron para reclamar al gobierno de Puebla restituya el registro civil en sus juntas auxiliares en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, y en respuesta y sin mecanismo de diálogo, los manifestantes recibieron la ofensiva de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad”.

Mediante un escrito demandan se investigue a fondo y se determine la responsabilidad de policías, y mandos medios y superiores que ordenaron la ofensiva contra los manifestantes. “Condenamos enérgicamente el mensaje de represión que envía el gobierno de Puebla a la sociedad, ante el derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Así como “la separación inmediata de su cargo del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Facundo Rosas Rosas, y la comparecencia ante el Congreso del estado de Puebla, del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas”, para que responda a los cuestionamientos sobre ese tema.

En tanto, César Camacho afirmó que la posición del PRI fue hecha pública con un exhorto suscrito por los 54 senadores de la fracción tricolor en la Cámara alta, en la cual responsabilizan al gobernador poblano y su “política criminal” por la muerte del niño, así como de los100 heridos que dejó el desalojo de la autopista a Atlixco el pasado 9 de julio.

“Nosotros hicimos pública nuestra posición. Creemos que ahí hay una responsabilidad que afrontar de distinta naturaleza, no sólo eventualmente administrativa, quizá una de carácter penal. La que es evidente, es que hay una responsabilidad política”, para agregar que el PRI dará seguimiento a las agresiones de los granaderos de la Policía estatal y pobladores de la junta auxiliar perteneciente a Santa Clara Ocoyucan.

Y reafirmó su respaldo a los 54 senadores del partido que presentaron el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta parlamentaria durante la sesión de la Comisión Permanente el pasado miércoles, para acusar al gobernador Rafael Moreno Valle como el responsable de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, debido a la implementación de una “política criminal en el estado”.

Y si los “cerebros” que le mueven la imagen a Moreno Valle le apuestan a la desmemoria social y al reparto de costosas órdenes de inserción, es obvio que están en un grave error. Porque a pesar de que la represión se registró hace tres semanas, el asunto no deja de estar en los medios de comunicación estatales y de la capital del país.

Donde quiera aparecen artículos y comentarios donde se fustiga al clima de represión y la criminalización de la protesta social que ha enderezado el gobierno de Rafael Moreno Valle en contra de ciudadanos y movimientos sociales.

Desde Casa Puebla salen “autorizados” documentos, notas, videos, “opiniones”, “reportajes” y hasta “encuestas” a modo, para que los medios y las “plumas” morenovallistas intenten deslindar a la policía estatal de la culpabilidad de la muerte del menor. Por todas las vías posibles se afanan en presentar otro panorama de lo que sucedió el 9 de julio en Chalchihuapan .

La repercusión mediática e informativa sobre la “ley Bala” no desciende, a pesar de la ofensiva gubernamental en medios electrónicos y la adquisición —por medio de patrocinadores no revelados pero que ocupan las voces gubernamentales— de espacios en las redes sociales y el buscador Google.

Desde las primeras horas del enfrentamiento del 9 de julio, el gobernador acusó a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. La primera explicación oficial fue que los manifestantes usaron al niño Tehuatlie Tamayo como “escudo humano”. Toda la semana Moreno Valle la dedicó a explicar la versión de que fue un cohetón el que produjo las heridas a José Luis; pero ha sido rechazada en redes sociales y medios de comunicación.

El gobierno mostró videos donde aparecen pobladores defendiéndose del operativo sobre el puente que comunica a San Bernardino Chalchihuapan y cruza la autopista Atlixco-Puebla; no obstante, no ha podido sostenerla porque los mismos pobladores muestran el armamento ocupado por la policía, ante la acción de pobladores repeliendo la represión.

Para explicar su versión, el gobierno del estado ha sostenido que el cohetón lanzado no dejó huellas de pólvora y el mismo Moreno Valle ha llegado a sostener que los rastros de pólvora fueron “limpiados” por los pobladores.

Otra vana justificación con que el morenovallismo ha intentado justificar la agresión del 9 de julio, es la fotografía mostrada por el gobierno estatal, donde presuntamente el niño Tehuatlie Tamayo alza una pancarta de protesta; pero de nada le sirvió, pues el que una persona, y hasta un menor, proteste no implica que por ello deba ser agredido por la policía.

“Cualquier manifestación opositora a sus proyectos ha sido hostilizada y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma pero también con cárcel, a menudo —conforme a numerosas denuncias de los afectados— con fabricación de pruebas”, revela Álvaro Delgado en un reportaje que publica en Proceso.

El gobierno de Moreno Valle ha privilegiado la represión antes del diálogo con jefes de policía como Ardelio Vargas Fosado y actualmente con Facundo Rosas. El país está pendiente de lo que se decida en torno a la muerte de Tehuatlie Tamayo. Y si se admite que la elección del 2015 está a la vuelta de la esquina, más le vale al morenovallismo sacudirse el lastre…

jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com

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