Queremos compartir con Ustedes la iniciativa que el GPPRI, ha presentado para la creación del FONDO SOLIDARIO MIGRANTE. Un instrumento novedoso que a partir de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal permitirá por un lado reconocer el esfuerzo y contribución que nuestros connacionales realizan a través del envío de remesas a México y por otro lado ser un vehículo que genere desarrollo, actúe sobre las causas de la migración y brinde alternativas para los migrantes en retorno reconociendo que hoy México , es un país de origen, tránsito y destino de migrantes.
Con el paso de los años las remesas se han convertido en la principal fuente de divisas en México, más de 40 mil millones de DLLS ingresaron a nuestro país en 2020 y se convirtieron en pilar fundamental del ingreso y sostenimiento de miles de familias mexicanas y motor de desarrollo en la economía de numerosas comunidades y estados .
Un breve repaso por el fenómeno migratorio nos recuerda que actualmente se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y que casi dos tercios de ellos son migrantes laborales. La causa más frecuente asociada a la migración ha sido la búsqueda de mejores oportunidades de vida, pero existen muchas variables que han sido determinantes para la movilidad de las personas.
Por lo que respecta a la migración mexicana,está data de hace más de un siglo, ha sido motivada principalmente por razones económicas y con destino casi exclusivo hacia los Estados Unidos de América (EUA), convirtiéndose en el corredor migratorio más importante del mundo. Se estima que más de 11.2 millones de personas de origen mexicana son migrantes que viven en la Unión Americana, quienes sumados a sus descendientes de 2 y tercera generación se estiman en 36 millones de personas.
Se ubican entre las tres comunidades más numerosas que residen en los Estados Unidos con una participación activa en la economía norteamericana de alrededor del 1.6 % del PIB.
Por otro lado, los mexicanos migrantes mantienen un vínculo permanente con sus familias y comunidades de origen. El envío de dinero es una constante que expresa solidaridad y sentido de pertenencia con México. Las cifras de remesas a pesar de la pandemia provocada por el SARS-COVID 19 se han mantenido al alza contribuyendo a mantener niveles de consumo de hasta 19.1% en las familias mexicanas de menores ingresos.
Solo para ubicar el tamaño de la contribución de los mexicanos migrantes a nuestro país, les comparto algunas cifras:
En los primeros 5 meses del año en curso se han acumulado ingresos por 19,178 millones de dólares, 21.7% más que en 2020.7 Si tomamos un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar, las remesas en este periodo equivalen aproximadamente a 2 billones de pesos, cifra superior a los 1.7 billones recaudados por el fisco a los grandes contribuyentes en el año pasado.
Sin embargo, este esfuerzo de los migrantes no ha dado lugar a ninguna política pública nacional que retribuya y reconozca sus aportaciones.
Es lamentable que no exista un fondo permanente y suficiente para apoyar desde la repatriación de cuerpos y que los familiares de connacionales sufran limitaciones económicas para sepultar a sus familiares hasta alternativas de apoyo cuando son deportados .
En el Anuario de Migración y Remesas, México 2021, que elaboran la Fundación BBVA y el Gobierno de México, la ONU señala que “… en la última década la migración internacional ha tenido un escenario complejo, no obstante, la población migrante en todo el mundo llegó a cerca de 281 millones en 2020 y se estima que pudo haber sido mayor, de no presentarse la pandemia de COVID-19.”14
Según el mismo informe, el mayor flujo de migrantes se ubicó en el corredor México – Estados Unidos, que en 2020 concentró el 3.9% de la migración a escala mundial, es decir, 10.9 millones de personas migrantes.
La Fundación BBVA y la SEGOB consignan que: “… entre marzo de 2015 y marzo de 2020, 802,807 personas migraron de México hacia otro país. Guanajuato (62, 476); Jalisco (60,587), y Michoacán (50,770) fueron las principales entidades federativas de expulsión.”
Estas entidades sin embargo han visto cómo se pierden recursos para los migrantes. A partir del ejercicio presupuestal de 2019 desaparecieron del Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos del Fondo Apoyo Migrante, y en 2020 se puso fin al programa 3 x 1 para Migrantes.
Por ello, el objetivo de la Iniciativa es vincular las remesas que se reciben con el fortalecimiento de las regiones en las que se erogan, pero también como un mecanismo que compense la extinción de fondos de apoyo a las y los migrantes por parte de la Administración Federal, y de otros programas federales que también podrían vincularse al apoyo de la diáspora mexicana y que han reducido sus partidas o se han eliminados, tales como el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, Apoyo a las Inversiones Sociales de los Gobiernos Locales, de las organizaciones sociales y de la población rural, el apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos, que en 2018 sumaron 20.8 miles de millones de pesos.
Cabe señalar que el presupuesto de servicios de migración y política migratoria también se ha reducido frente al aprobado en 2018 casi 20 por ciento en términos reales.
En el discurso público se aplaude el envío de remesas, en los hechos no hay compromiso real ni con las regiones ni con los migrantes.
Es preciso insistir en el fortalecimiento de la ley de coordinación fiscal (LCF) para reconocer la aportación de la diáspora y darle permanencia y sustentabilidad hacendaria a los aportes que hace la migración a la economía regional y nacional.
Cabe destacar que en ningún caso en donde se ha reformado la LCF se han considerado las remesas como objeto de esos cambios, a pesar de que sirven en lo hechos para paliar los rezagos sociales en las zonas del país con mayores carencias.
Los fondos del Ramo 33 que se destinan a la creación de infraestructura y se integran para su distribución con base en criterios basados en carencias sociales, son el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). Si a esos fondos agregamos el Ramo 20 (referido al desarrollo social y actualmente a la Secretaría del Bienestar), se conforma una masa de recursos para atender el combate a la pobreza.
Si se suman los fondos mencionados en cuanto a sus montos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el periodo 2003 – 2020, y se comparan con los ingresos por remesas en el mismo lapso, el resultado es sorprendente. Las remesas duplican los montos aprobados para esos ramos.
Lo anterior sustenta la necesidad de reconocer en el instrumento clave para la justicia hacendaria, a las regiones del país que, al tiempo de expulsar población, son receptoras de recursos extraordinarios que tan solo en 2020 representaron tres puntos del PIB, cuando los ingresos petroleros significaron el 3.8 por ciento del PIB en nuestro país. El contraste es evidente.
Asimismo, si atendemos a la contribución de las remesas a los ingresos públicos, el 66.0 % de las mismas son sujetas, por ejemplo, al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto equivale al 2.5 por ciento de la Recaudación Federal Participable, estimada para 2022, es decir, 93.2 miles de millones de pesos. De este monto tan solo se propone que el Fondo Solidario Migrante se construya con el 6.4% del mismo: 5.9 miles de millones de pesos. El régimen transitorio establecido en esta Iniciativa muestra que los recursos destinados a este fondo tendrán una trayectoria en el tiempo.
Para ubicar la dimensión del apoyo que el Fondo Solidario Migrante significa, podemos afirmar que el mismo es apenas el 0.1% del Gasto Neto Total propuesto para el próximo año. Los fondos que podrían tener algún fin similar al Fondo Solidario Migrante (sólo para efectos de referencia) son: el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Territorio del Distrito Federal, así como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que representan el 1.3%, 1.3% y el 0.7% de este gasto respectivamente. Asimismo, las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas contenidas en el Anexo 10 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, significan el 1.8% del Gasto Neto Total.
Con base en lo anterior, el porcentaje de la recaudación federal participable propuesto en esta iniciativa para constituir el Fondo Solidario Migrante, está alineado en cuanto a sus fines y proporciones con los fondos y erogaciones mencionados, pero, sobre todo, con la necesidad de reconocer la participación en el desarrollo del país de las y los migrantes.
Por tanto, con la constitución de este fondo, no solamente se restituyen los fondos cancelados para estos efectos, sino que se incrementan y hace justicia a quienes con su trabajo contribuyen al fortalecimiento de sus regiones e incluso de la economía nacional.
Constituir el Fondo Migrantes es un acto de justicia hacendaria en virtud de que:
Primero. Es pertinente incluir el Fondo Solidario Migrante en la LCF a fin de impactar en regiones y en familias la captación de ingresos fiscales provenientes de ellas.
Segundo. Las remesas se han constituido en uno de los pilares del equilibrio social en México y su monto y destino superan por mucho el de varios ramos presupuestales destinados a la política social.
Tercero. La atención presupuestal a los migrantes ha sido sustituida por esquemas poco claros y por tanto se precisa iniciar una política pública en torno a las remesas y cómo regresar a las regiones y familias parte de lo que aportan a la economía del país.
Cuarto. Las y los migrantes y sus familias necesitan apoyos específicos para impulsar la infraestructura en sus localidades, pero también para tener certeza en la atención a problemas como la repatriación, eventuales gastos funerarios, pasajes, etcétera.
Quinto. Además de no comprometer los equilibrios macroeconómicos, de aprobarse esta iniciativa el Congreso de la Unión daría un paso fundamental para reconocer en el principal instrumento de reparto de la hacienda pública a un sector vital para la economía de México y sus habitantes en las regiones más desprotegidas.